| Nunca Más | ||
Catorce meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por el asesinato del ex senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, el Gobierno reconoció públicamente su responsabilidad. Paso a paso así fue el proceso por el crimen del político.
El ministro pidió perdón en nombre del Estado colombiano por no haber protegido adecuadamente al senador de la UP y asumió la responsabilidad por los agentes estatales que cometieron el crimen. “En nombre del Estado colombiano pido perdón público por el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas”. Las palabras de Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, se produjeron 17 años después del crimen perpetrado por agentes del Estado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá. Fue la primera vez que el Estado colombiano reconocía su responsabilidad por el crimen de un dirigente político. Vargas Lleras dijo además que "Colombia se encuentra ante el reto de reivindicar a los colombianos víctimas de la violencia" y reconoció que Cepeda defendió sus ideas y los valores democráticos. El ministro del Interior se solidarizó con la familia y los copartidarios de Cepeda. El ministro Vargas Lleras hizo este pronunciamiento catorce meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenara al Estado colombiano por el asesinato del líder político de la UP en un acto público ante el pleno del Congreso de la República, en donde se vio una silla vacía con la bandera de ese movimiento político en homenaje al congresista asesinado. El acto se da luego de que en el fallo, emitido en junio de 2010 (ver sentencia), la Corte Interamericana exigió al Estado colombiano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la falta de protección del líder político, por su asesinato y por no garantizar que se investigara el crimen y que se hiciera justicia. (Ver ¿Por qué la Cidh condenó al Estado por el asesinato de Manuel Cepeda?) El senador Manuel Cepeda Vargas, comunicador social de profesión y opositor del gobierno, fue asesinado, el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, en un crimen cometido por militares que actuaron en complicidad con paramilitares. El político, miembro de la UP y del Partido Comunista Colombiano, fue abaleado, cerca de las nueve de la mañana por Justo Gilberto Zúñiga Labrador y por Hernando Medina Camacho, dos Sargentos del Ejército, quienes fueron condenados a 43 años en prisión. El crimen de Cepeda Vargas se realizó cuando el senador se desplazaba desde su vivienda hacia el Congreso de la República. Según la descripción de los hechos que la Corte hace en la sentencia, “el automóvil del Senador fue interceptado y los autores materiales hicieron varios disparos de arma de fuego que le causaron la muerte instantáneamente”. Sin embargo, aunque otros miembros del Ejército y paramilitares, entre ellos el jefe paramilitar Carlos Castaño, han sido investigados como autores intelectuales del crimen, todavía no se ha emitido ninguna condena al respecto en la justicia colombiana. Cepeda Vargas, quien fue consejero de redacción del semanario “Voz”, en el que publicó una columna política, fue elegido como Representante a la Cámara del Congreso durante el período 1991-1994. Meses antes de su asesinato, el político se convirtió en el último senador electo de la UP, movimiento que, según la decisión de la Corte, experimentaba el exterminio de sus militantes, por ser considerado como “enemigo interno” en virtud de la doctrina de “seguridad nacional”, lo que ponía a sus militantes en un nivel de mayor vulnerabilidad y aumentaba el riesgo a sus militantes. Por los días de su elección, el político había denunciado un plan denominado ‘Golpe de Gracia’, con el que la extrema derecha en complicidad con miembros de la Fuerza Pública estaba exterminando a dirigentes de la UP y del Partido comunista Colombiano PCC, por lo que el dirigente solicitó medidas de seguridad para la protección de varios miembros de su partido político. El 8 de agosto de 1994, un día antes de su asesinato, el Senador recibió una carta con una lista en la que figuraba su nombre y en la que se señalaba que él y otros líderes políticos serían asesinados. Su muerte se dio en medio de una situación de violencia sistemática contra los miembros de Unión Patriótica (UP), un movimiento político nacido de los acuerdos entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc en 1984. Según los mismos demandantes, Cepeda habría denunciado las amenazas contra su vida al DAS, la Policía, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría y los altos mandos militares, estos últimos, quienes presuntamente tuvieron participación en el crimen. A su magnicidio de Cepeda Vargas se sumó a los asesinatos de más de tres mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80. El paso a paso del caso Cepeda El 16 de diciembre de 1993, las organizaciones Corporación Reiniciar, Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denuncian al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con la persecución de miembros del partido político Unión Patriótica. El 12 de marzo de 1997, la Comisión admitió llevar el caso sobre la presunta persecución y exterminio de militantes de la UP. El 5 de marzo de 2005, las organizaciones denunciantes (El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la fundación “Manuel Cepeda Vargas”) piden a la Comisión que finalice la búsqueda de una solución amistosa con el Estado sobre la denuncia acerca del exterminio de líderes y militantes de la UP, y que en lo respectivo al caso específico de Cepeda Vargas, se tramite una diligencia separada de los demás casos. El 5 de diciembre de 2005, La Comisión decide adelantar un reclamo por la muerte del ex senador Manuel Cepeda. El 14 de noviembre de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Colombia por el caso Manuel Cepeda. “La Comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión, libertad de asociación, derechos políticos y protección judicial”, y además solicito que la Corte ordene al Estado medidas de reparación. El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda. Por esta razón, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales. Sin embargo, después de que el Consejo hiciera pública su decisión, Iván Cepeda Castro, hijo del ex senado, decidió no recibir el dinero. Dijo que lo iba a donar a un fondo para beneficiar con educación a los hijos de las víctimas del genocidio de la UP. Y agregó que también iba a donar la indemnización de la Cidh. La demanda de la Comisión fue notificada al Estado y a los representantes de las víctimas el 3 de febrero de 2009. Entre 26 y 27 de enero de 2010 se realizaron, en la sede del Tribunal en San José de Costa Rica, la audiencia pública en la que las partes, la defensa y el Estado Colombiano, expusieron sus alegatos finales. El 26 de mayo de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia, condenando al estado colombiano. La decisión de la CidhEl año pasado, la CIDH encontró responsable al Estado colombiano por el asesinato del ex senador. Entre las consideraciones más importantes, el Tribunal ordenó al Estado colombiano pagar 330 mil dólares a los familiares de Manuel Cepeda por daños inmateriales y para cubrir los costos legales. Además el Estado fue considerado como responsable en la falta de diligencia de la investigación, obstrucción de justicia y falta de reparación adecuada a favor de los familiares. Según la decisión de la Cidh, el Estado violó los derechos a la vida, puesto que hubo un “patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP” y responsabilizó del mismo a agentes del Estado en una alianza con miembros del Ejército y grupos paramilitares. Además concluyó que el Estado, en especial la justicia colombiana, no cumplió con su deber de investigar apropiadamente el crimen. En la decisión también se concluyó que el Estado violó los derechos a la honra, el libre pensamiento y los derechos políticos, por las constantes declaraciones de funcionarios que vinculaban las Farc con la UP y le ordenó darle a los familiares del Senador asesinado, seguridad y protección, ya que a pesar de que habían pasado casi 16 años desde su asesinato, varios miembros de la familia Cepeda estaban amenazados. Según la Corte, el Estado colombiano además del reconocimiento público de su culpabilidad el Estado tendría que producir un documental sobre la vida de Cepeda como político y periodista del semanario comunista Voz, que deberá ser transmitido por el canal institucional y en un acto público en Bogotá, y además, hacer una publicación escrita sobre Cepeda. También dicta que el Estado debe crear una beca, administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas para un estudiante en periodismo en una universidad pública de Colombia. FUENTE: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=3454 |
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA
miércoles, 10 de agosto de 2011
EL CASO MANUEL CEPEDA VARGAS
lunes, 1 de agosto de 2011
DECLARACION PÚBLICA
La VI asamblea de la Coordinación Nacional de Desplazados, con la participación de 90 delegados de 19 departamentos, reunida en la ciudad Bucaramanga santander los días 28, 29 y 30 de julio de 2011, se discutieron y plantearon los siguientes aspectos de la presente coyuntura política:
1. Ley de víctimas. Los delegados y delegadas plantearon su preocupación por el contenido regresivo en algunos aspectos de esta ley concernientes a los derechos de la población desplazada, igualmente preocupa el contenido del derechos a la restitución con el cual no se hace efectivo este derecho, se privilegia a los grandes grupos económicos y transnacionales para la adquisición de tierras y en todo caso se desfavorece a las víctimas para recuperar su tierra, patrimonio y proyecto de vida campesina, reduciendo este derecho a la simple entrega de un título. Preocupa que a pesar de la magnitud del crimen del desplazamiento forzado, considerado como crimen de lesa humanidad, la ley no reconozca a las víctimas del desplazamiento en la misma dimensión. Esta ley atenta contra el derecho a la justicia porque trata, POR MEDIO DEL CHANTAJE inducir a las víctimas a renunciar a éste a cambio de unos cuantos pesos más de indemnización.
2. Política pública de atención integral. En la asamblea se recibieron múltiples denuncias que constatan el estancamiento y en muchos casos retrocesos de las victimas del crimen del desplazamiento a los derechos, particularmente manifestamos la preocupación con relación al derecho a la vivienda, la forma en que se otorga ese derecho no permite a las familias hacer efectiva esta necesidad básica por las múltiples dificultades y trabas para concretarlo. También se hicieron referencias y denuncias por la forma en que se incumple las órdenes de la corte constitucional en relación con el derecho a la salud, educación, restablecimiento socioeconómico, restitución de tierras. Particularmente preocupa la persistencia del crimen del desplazamiento múltiples denuncias de nuevos desplazamientos masivos, intraurbanos e individuales en las regiones donde se proyectan y o desarrollan megaproyectos y explotación de recursos naturales por parte de empresas transnacionales.
3. La paz. La asamblea insiste en denunciar la existencia del conflicto armado interno y con él la persistencia de los grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron y que ahora el gobierno insiste en hacernos creer que se trata de simples bandas criminales. También preocupa la agudización de la confrontación entre la fuerza pública y los grupos insurgentes. En este sentido los participantes de la asamblea hacemos un llamada para que se busque solución política a la conflicto armado interno en Colombia, esta solución debe implicar también la discusión sobre el modelo de desarrollo económico, el respeto de la soberanía nacional, la inversión social y el respeto a los derechos humanos.
4. Prevención y protección: en el desarrollo de la asamblea se escucharon múltiples denuncias de amenazas, agresiones y violaciones a los derechos humanos perpetrados a líderes y lideresas de las organizaciones de población desplazada, ante lo cual la respuesta del estado se limita o se reduce a otorgar unos celulares o rondas policiales, chalecos y en algunos casos escoltas y vehículos que siendo importantes en la protección no resultan efectivos, ni suficientes, ante la magnitud de los riesgos que afrontan los líderes y lideresas de la población desplazada. En este sentido exigimos al gobierno nacional el diseño de medidas de carácter político que prevengan el desplazamiento y brinden garantías políticas para la acción de las organizaciones de poblaciones desplazadas y sus líderes y lideresas, en tal sentido, es necesario que se adopten medidas y recursos orientados al fortalecimiento de las organizaciones y programas especiales de protección .
5. Movilización. Ante este panorama que recorta los derechos, la Coordinación Nacional de Desplazados, llama al conjunto de la población desplazada, a las organizaciones de víctimas y al conjunto del movimiento social, a fortalecer el proceso organizativo, haciendo mayores esfuerzos por la construcción de proyectos unitarios que permitan multiplicar la movilización popular, la incidencia política y la conquista de los derechos vulnerados que nos garanticen la dignidad y el goce efectivo de los mismos. Particularmente llamamos a participar del encuentro por la paz a realizarse en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto, al congreso nacional de tierras y territorios que se llevara a cabo del 29 al 30 se septiembre en Cali. Igualmente convocamos a las organizaciones de desplazados a preparar la movilización por la defensa de la preservación que prepara el MOVICE desde la costa caribe hacia Bogotá.
Bucaramanga, 30 de julio de 2011.
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ivan cardenas
defensor de derechos humanos
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